NO SE DESCARTA SUBIR EL IVA REDUCIDO EN 2014

La Comisión Europea ha encendido todas las alarmas en España al pedir, en su informe sobre la segunda revisión del programa de ayuda a la banca, nuevos ajustes en materia impositiva. “Hay margen para limitar más la aplicación de los tipos reducidos del IVA y para aumentar los impuestos medioambientales, notablemente sobre combustibles”, afirmó en el documento. De este modo, las autoridades comunitarias retomaron las peticiones lanzadas a finales del pasado año, en el que pidieron subir el IVA del 10% al 21% a la hostelería y la restauración. La presión de los empresarios evitó finalmente que se subiera y permitió que el gravamen aplicado a esas actividades se quedara en el 10%.

A su salida de la reunión del Ecofin, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, rechazó que el Ejecutivo esté pensando por ahora nuevas medidas en materia impositiva. “En el tema de la imposición indirecta, España ha aprobado medidas en julio pasado que se empezaron a aplicar en septiembre. Hay una estructura del IVA en la cual se ha subido los tipos generales y también hubo una reclasificación de productos y eso es suficiente”, señaló. En cuanto a la fiscalidad que grava a los carburantes, una de las más bajas de la UE, Guindos se limitó a decir que tomaba nota de ella. “Supongo que comparan el impuesto con la situación media en Europa, pero eso no quiere decir en absoluto que el Gobierno vaya a subir el impuesto de gasolina”. Guindos, sin embargo, no fue tan categórico, a la hora de rechazar esos ajustes para 2014 y 2015. “Para esos dos años tendremos nuestro programa de estabilidad y en él se incluirán las medidas que se consideren oportunas, una senda que todavía hay que definir y que debe compatibilizar los dos objetivos de España: la reducción del déficit y el compromiso de revertir partes de las subidas de impuestos que hubo”, precisó. De hecho, el propio Guindos admitió que veía compatible el ajuste del déficit con bajadas de impuestos a partir del próximo ejercicio.

El ministro de Economía rechazó que las recomendaciones contenidas en el informe sobre la banca sean una contrapartida a cambio de una flexibilización del objetivo de déficit. “Estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo con respecto a lo que es reducción del déficit público con nuestros socios europeos y la CE y que esa senda será una senda razonable, tanto desde el punto de vista de lo que es la confianza que tiene que generar la reducción en los mercados como desde el punto de vista del impacto que pueda tener en la actividad económica del país”, añadió.

ESPAÑA LIDERA EL AUMENTO DE LA PRESIÓN FISCAL SOBRE LAS RENTAS DEL TRABAJO

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico mide qué porcentaje del coste laboral total representan el IRPF y las cotizaciones sociales que asumen el empleado y el empresario.

En 2012 alcanzó para un asalariado soltero, sin hijos y con un sueldo medio, el 41,4% (1,4 puntos más que el año anterior). En ningún otro país de la OCDE se registró un incremento superior. España registró en 2012 el mayor incremento de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo en la OCDE.

El aumento del IRPF-(que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy) que elevó el tipo del impuesto sobre la renta entre 0,75 puntos y siete puntos- explica el aumento de la presión fiscal. En cualquier caso, la suma de impuestos y cotizaciones son superiores en Bélgica, Francia, Alemania, Hungría, Austria, Italia, Suecia, Finlandia, República Checa, Eslovenia y Grecia. Por ejemplo, la carga tributaria sobre un salario medio en Bélgica y Francia supera el 50% del coste laboral total. Si el análisis se realiza para un asalariado con dos hijos, la presión fiscal en el caso español baja del 41,4% al 35,4%.

Australia, Dinamarca, España, Italia, Irlanda y Portugal fueron los únicos países que optaron en 2012 por elevar el IRPF que soportan los trabajadores.

Cuatro opiniones diferentes sobre el fraude fiiscal

En este post queremos recuperar unas pocas opiniones que algunos economistas daban en Negocios de El País (16 diciembre 2012) sobre el fraude fiscal, considerada una de las mayores lacras de la economía española. Sus explicaciones nos ayudan a observar los aspectos culturales, que permiten estos comportamientos, y los aspectos éticos (o no éticos) que se encuentran detrás de este fenómeno, que salen a relucir especialmente en los tiempos de crisis como los actuales.

Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico de CCOO, opina sobre la amnistía fiscal: “Es una decisión que me genera un rechazo categórico porque significa vender a bajo precio un concepto ético de altísimo valor: el compromiso individual con los valores comunes de la sociedad”.

De Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School, destacamos su opinión de que “el fraude fiscal es una auténtica lacra para la economía española no solo por la detracción de recursos que supone para el erario público, sino por el daño que hace a la propia estructura de incentivos del trabajo, el esfuerzo y la contribución común en un país”.

José Luis Martínez, estratega de Citigroup para España, dice que “solo la combinación de la lucha contra el fraude, una mejora en la comunicación y la gestión eficiente del dinero público supone la condición necesaria para reducir la economía sumergida a la mínima expresión. La condición suficiente para eliminarlo es una mejora cultural, que lamentablemente lleva su tiempo”. Es decir, si los ciudadanos saben que el dinero de sus impuestos se está gestionando de manera correcta, los pagarían con menos recelo, e incluso orgullosos.

Según Rafael Myro, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, el fraude fiscal no es el único problema que tiene la Hacienda española. “También lo es un sistema impositivo que ha evolucionado poco y a base de parches en los últimos treinta años”.

Un acercamiento a las políticas fiscales

En primer lugar es importante definir de forma general lo que son las políticas: Una política es todo actividad enfocada a la toma de decisiones grupales para alcanzar una serie de objetivos. El gobierno emplea el poder que se le ha otorgado mediante su elección con el fin de resolver los diferentes conflictos de intereses que se den en la población.

Ahora de forma mas específica vamos a definir la política fiscal:

Fiscal, procedente del latín fiscalis, es aquello que pertenece o guarda relación con el fisco (conjunto de organismos públicos dedicados a la recaudación de impuestos)

Su precursor fue John Maynard Keynes a través de cuatro postulados innovadores sobre algunas teorías que estaban formalmente aceptadas en su momento:

- Dice que la ley de Soy (la oferta genera su propia demanda) no se cumple, ya que puede haber equilibrio económico aunque exista mucho paro.

- Cree que el estado es quien debe intentar resolver el problema del paro (a diferencia de los clásicos y los monetaristas, que creen que se soluciona por si solo)

- El estado de pleno empleo es transitorio y la economía es fluctuante.

La política fiscal es por tanto una división enmarcada de la política económica que se encarga fundamentalmente de establecer el presupuesto del Estado, a través de los impuestos y la variable del gasto público como claves para mantener la estabilidad financiera.

El objetivo prioritario de la política fiscal es posibilitar el crecimiento de la economía, amortiguar las fases más recesivas del ciclo económico y garantizar una administración adecuada de los recursos del Estado.

Las políticas fiscales tienen su mayor influencia en periodo de corto plazo; y afectan en el nivel de empleo, la producción y los precios de mercado.

Finalmente debemos añadir que también existen críticas al uso de este tipo de políticas ya que generan algunos contratiempos como:

- Efecto expulsión o efecto desplazamiento: en época de recesión de aplican políticas fiscales expansivas (aumento del gasto público y reducción de los impuestos financiado por el mercado privado, lo que a veces provoca una disminución de la inversión cuando lo que se buscaba era aumentarla).

- Déficit comercial  por una reducción drástica de las exportaciones frente a las importaciones.

¿Qué nos deja Hugo Chávez en Venezuela? (económicamente hablando)

Ahora que ha fallecido el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, nos gustaría hacer un breve balance de su gestión apoyándonos en gráficos ilustrativos para que todos podamos entenderlos a golpe de vista.

Empezaremos con el poco respeto que tenía el Comandante Chávez por la propiedad privada cuyos asaltos no pararon de producirse, especialmente desde 2006.

Se observa también un incremento espectacular de la burocracia desde su llegada al poder lo que en términos económicos se traduce en más impuestos y en un menor desarrollo económico.

La justicia también se vio afectada pues desde 2008 todos los Jueces Venezolanos llegaron a su puesto sin concurso de oposición lo que permitió la persecución política de los opositores al régimen, creando una tremenda inseguridad jurídica para las empresas que allí invirtieron o estaban dispuestas a hacerlo.

Estas medidas anteriormente mencionadas muestran como Venezuela era uno de los países donde más difícil resultaba crear una empresa, su facilidad de emprendimiento era ínfima comparada con otros países de su entorno.

Otro motivo que también lastra gravemente el desarrollo económico de Venezuela es su cercanía al narco-terrorismo de las FARC pues crea un régimen de violencia y conflictividad social que para nada favorecen el desarrollo económico del país.

La tasa de homicidios se ha disparado hasta niveles absolutamente intolerables muy por delante de otros países de la región comúnmente asociados con la inseguridad; de hecho, Venezuela supera a Irak en número de asesinatos cada año.

           

      

Por si todo lo anterior no fuese suficiente, la Inflación Venezolana esta disparada alentada por una política monetaria expansiva e irresponsable lo cual ha generado aún más pobreza e inestabilidad socioeconómica. Veamos una comparación con otros países de la región.

Su comercio con el resto de países de la región también se ha hundido, un ejemplo lo tenemos en su balanza comercial con su país vecino, Colombia.

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No entraremos a juzgar o valorar el legado Político-Social que deja Hugo Chávez en su país; sin embargo económicamente hablando el legado es claro: Ineficiencia y Mayor Pobreza.

Con la cantidad de recursos de Venezuela queda claro que la política económica seguida hasta el momento en el país se ha mostrado del todo inadecuada y errónea.

UNO DE CADA TRES EUROS RECAUDADOS EN MADRID PROCEDE DEL FRAUDE FISCAL

La lucha contra los defraudadores ha hecho aflorar en 2012 en la Comunidad de Madrid 545,9 millones de euros de deuda no declarada, lo que representa el 34% de la recaudación por los impuestos gestionados por la Administración autonómica, que ascendió a 1.591 millones.

En concreto, los impuestos que gestiona la Comunidad de Madrid son Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, Imposición sobre el Juego y Sucesiones y Donaciones. El fraude procede de contribuyentes que elaboraron de forma errónea los impresos fiscales, otros que evitaron declarar todos los bienes que gravan los impuestos y también de madrileños que se beneficiaron de bonificaciones o deducciones que no les correspondían.

El alto porcentaje de deuda descubierta también se debe a que la crisis ha provocado una merma en los ingresos derivados de los tributos gestionados por la Comunidad. El número de deudas descubiertas ha sido de 61.840, por lo que han aumentado casi un 5% respecto a 2011.

Transmisiones Patrimoniales es el impuesto donde se han descubierto un mayor número de deudas, con 31.281. Sin embargo, por importe la mayor deuda descubierta corresponde al de Sucesiones y Donaciones, con 341,1 millones de euros, un 62,48 % de toda la deuda aflorada. Por otra parte, la deuda media más elevada corresponde a la imposición sobre el juego, y se sitúa en 29,3 millones de euros.

Hacienda explica que en los últimos 10 últimos años se ha descubierto fraude por importe de 4.680,4 millones de euros, que representa un 27,5% del presupuesto de la Comunidad de Madrid.

El coste de recaudar 100 euros en la Comunidad de Madrid fue de 2,35 euros, es decir que por cada euro invertido en la lucha contra el fraude se recuperan casi 50 euros. En cuanto al beneficio de las actuaciones de control de fraude, es decir, la diferencia entre los ingresos obtenidos por actuaciones de control y el coste para la administración tributaria fue de 478 millones de euros.

LAS MEDIDAS FISCALES AHORRAN 280 MILLONES A LAS EMPRESAS

El presidente del Gobierno anunció varias medidas de estímulo fiscal en el debate sobre el estado de la nación. La iniciativa estrella, que las pymes y los autónomos no paguen el IVA hasta que no cobren las facturas, no supone, en realidad, cambios en la tributación fiscal. Tarde o temprano, Hacienda acabará recaudando ese dinero. Sí que supone la rebaja parcial del impuesto de sociedades IRPF para las nuevas empresas y autónomos, respectivamente. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, apenas 280 millones.

En concreto, la reducción impositiva que detallaba el pasado mes el BOE consiste en que las nuevas empresas pagarán en los dos primeros ejercicios que obtengan beneficios un 15% en los primeros 300.000 euros de su base imponible. A partir de esa cantidad pagarán un 20%, también en los dos primeros años. Eso supone una reducción sobre el tipo que suelen pagar las empresas de dimensión reducida, el 25%. Por esta medida, calcula Hacienda que el ahorro ascenderá a unos 270 millones.

Esta medida tenía réplica para los autónomos, que podrán aplicarse una reducción del 20% en el IRPF en el rendimiento neto que obtengan durante los dos primeros años de actividad. El ahorro por esta vía, cree Hacienda, que será mucho más reducido: 10 millones de euros.

El decreto ley publicado el 23 de febrero también contenía medidas de carácter laboral. Entre ellas varias exenciones y ayudas a la contratación, para poder recibirlas el Gobierno anunció que es necesario que las empresas mantengan el empleo. En cambio, el texto legal encierra un detalle significativo: en el cómputo no entran los despidos procedentes, aquellos en los que se entiende que hay una causa justificada para rescindir contratos (individual o colectivamente) y el asalariado recibe, en principio, 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades.