España lidera el aumento de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo

España registró en 2012 el mayor incremento de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo en la OCDE, según un informe avanzado hoy por el organismo internacional. La OCDE mide qué porcentaje del coste laboral total representan el IRPF y las cotizaciones sociales que asume el empleado y el empresario. Así, en España, la presión fiscal alcanzó en 2012 para un asalariado soltero, sin hijos y con un sueldo medio, el 41,4%, 1,4 puntos más que el año anterior. En ningún otro país de la OCDE se registró un incremento superior. De hecho, sólo los trabajadores polacos sufrieron, al igual que los español, un aumento fiscal de superior a un punto porcentual.
El aumento del IRPF elevó el tipo del impuesto sobre la renta entre 0,75 puntos y siete puntos, lo que explica el aumento de la presión fiscal. En cualquier caso, la suma de impuestos y cotizaciones son superiores en Bélgica, Francia, Alemania, Hungría, Austria, Italia, Suecia, Finlandia, República Checa, Eslovenia y Grecia.
Por ejemplo, la carga tributaria sobre un salario medio en Bélgica y Francia supera el 50% del coste laboral total. Si el análisis se realiza para un asalariado con dos hijos, la presión fiscal en el caso español baja del 41,4% al 35,4%.
Australia, Dinamarca, España, Italia, Irlanda y Portugal fueron los únicos países que optaron en 2012 por elevar el IRPF que soportan los trabajadores.

Las empresas que invierten en España en I+D+i sólo obtienen un retorno fiscal del 2%

Las empresas que invierten en España en I+D+i sólo obtienen un retorno fiscal del 2%, frente al 18% que consiguen en Francia, el 17% de Holanda o el 11% de Bélgica, países estos dos últimos con mucha menor inversión en innovación.

Los menores beneficios fiscales en España a la inversión en I+D+i "penalizan gravemente" la capacidad de atracción hacia el país de la inversión en innovación y nuevas tecnologías. Este diferencial fiscal negativo se explica fundamentalmente por que las empresas que pueden aplicarsele la deducción por I+D deben tener beneficios.

Frente a esta restricción, que se acentúa en ciclos económicos negativos como el actual, otros países como Francia han habilitado mecanismos correctores de "alta potencialidad", como es el caso del llamado 'cash back', que permite a las empresas solicitar a su Hacienda Pública la devolución del crédito fiscal generado, a pesar de que su cuenta de resultados presente 'números rojos'.
Por ello, las principales asociaciones empresariales españolas vienen demandando la introducción en la legislación fiscal española de un mecanismo de 'cash back' que corrija la actual situación. Esta circunstancia permitiría a las empresas, beneficiarse de estos incentivos fiscales en el corto plazo, ya que por el hecho de ser muy intensivas en I+D, tardan más tiempo en obtener beneficios.
De momento, el Gobierno para amortiguar este efecto negativo ha decidido introducir bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social correspondiente a trabajadores dedicados en exclusiva a actividades de I+D+i, que será compatible con la aplicación del dispositivo de deducciones fiscales por este concepto.
A pesar de ello, España necesita seguir realizando esfuerzos adicionales en el futuro para conseguir reducir el diferencial negativo en el retorno fiscal de la inversión en I+D respecto de los países del entorno, "una particular prima de riesgo que penaliza a España en su posición receptora de inversión empresarial intensiva en I+D".

POLITICA FISCAL EXPANSIVA Y RESTRICTIVA

Existen dos tipos de política fiscal, expansiva y restrictiva. La política fiscal expansiva se aplica cuando el objetivo es estimular la demanda agregada, especialmente cuando la economía está atravesando un período de recesión y necesita un impulso para expandirse. Como resultado se tiende al déficit o incluso puede provocar inflación.

Los mecanismos a usar son: Aumentar el gasto público, para aumentar la producción y reducir el desempleo. Bajar los impuestos, para aumentar la renta disponible de las personas físicas, lo que provocará un mayor consumo y una mayor inversión de las empresas, en conclusión, un desplazamiento de la demanda agregada en sentido expansivo.

De esta forma, al haber mayor gasto público, y menores impuestos, el presupuesto del Estado, genera el déficit. Después se puede decir que favorece el gasto fiscal en el impuesto presupuestario.

La política fiscal restrictiva se emplea cuando el objetivo es frenar la demanda agregada, por ejemplo cuando la economía está en un período de excesiva expansión y tiene necesidad de frenarse por la excesiva inflación que está creando. Como resultado se tiende al superávit.

Los mecanismos son los contrarios que en la expansiva: Reducir el gasto público, para bajar la demanda agregada y por tanto la producción. Subir los impuestos, para que los ciudadanos tengan una renta menor y en consecuencia disminuyan su consumo y así la demanda agregada se desplaza hacia la izquierda.

De esta forma, al disminuir el gasto público, y aumentar los impuestos, el presupuesto del Estado, tiende a generar un superávit o disminuir el déficit.

Existe también otro tipo de política fiscal, la contractiva, es la que hace disminuir la demanda agregada, a fin de generar un exceso de oferta agregada de bienes, lo que finalmente hará reducir el nivel de ingreso.

CONVENIO PARA PREVENIR LA DOBLE IMPOSICIÓN

España y Reino Unido han suscrito un convenio para prevenir la doble imposición y evitar la evasión fiscal en materia de patrimonio e impuestos sobre la renta.

El convenio firmado por Federico Trillo, embajador de España en Reino Unido, y el secretario del Tesoro británico, David Gauke, tendrá vigencia en un plazo de tres meses, y sustituirá al firmado el 21 de octubre de 1975 en Londres.

El propósito del acuerdo es actualizar el articulado, que según ha informado el Ministerio de Hacienda, se había quedado anticuado. Cristóbal Montoro, representante de esa cartera ministerial, dice que dicha actualización “permitirá responder a las necesidades económicas que presentan actualmente las relaciones comerciales entre ambas naciones”.

El nuevo articulado también hará posible solucionar conflictos como el surgido por el tratamiento a los residentes no domiciliarios en Reino Unido. Entre las cláusulas aparece el arbitraje como un medio para resolver los conflictos que puedan suscitarse tras la aplicación del convenio.

Ambos países han acordado reducir la tributación en fuente, estableciendo la tributación exclusiva en residencia para aquellos dividendos obtenidos de participaciones mayoritarias, cánones e intereses.

Una consumidora en el mercado de yogures

El gobierno ha decidido eliminar la fecha de caducidad de los yogures (28 días desde su fabricación) y sustituirla por una fecha de consumo preferente.Hasta ahora el  Real Decreto 179/2003 de 14 de febrero (norma de calidad para el yogur), obligaba a establecer una fecha automática de caducidad (28 días desde su elaboración). Éste ha sido sustituido por el Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo, que entró en vigor el 29 de marzo. A partir de ahora, en lugar de fecha de caducidad las etiquetas llevarán impresas una fecha de consumo preferente que fijará libremente el fabricante en función de las características de su producto (su método de elaboración, envase, etc.)

Analicemos la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente.

La fecha de caducidad indica hasta cuándo un producto es seguro para el consumo y afecta a los alimentos muy perecederos y con riesgo microbiológico, como carnes y pescados crudos y frescos, la pastelería o algunos productos lácteos (hasta el pasado 29 de marzo también afectaba al yogur). Una vez que ha caducado, el producto no debe consumirse porque existe el riesgo de que esté en mal estado o tenga bacterias patógenas. Para aprovechar los alimentos que van a caducar pronto, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sugiere congelarlos. Eso sí, al descongelados hay que consumirlos en menos de 24 horas.

La etiqueta de consumo preferente se aplica a productos más duraderos e indica la fecha a partir de la cual el producto va perdiendo o cambiando parte de sus propiedades organolépticas (sabor, aroma, textura, color, etc). Sin embargo, aunque esté rancio o cambie su textura o color, si se ha conservado de manera adecuada, su consumo después de la fecha no entraña riesgos para la salud.

Esta es una medida que el gobierno asegura se ha diseñado para reducir el despilfarro de comida.

Nosotros os preguntamos ¿creéis que esta es una medida buena? ¿o puede crear problemas contra la salud pública? dejarnos vuestras opiniones en forma de comentario.

Evasores fiscales al descubierto

Hace unos días hemos conocido una importante noticia relacionada con el tema de los paraísos fiscales. El anonimato, una de las ventajas de la utilización de cuentas en estos territorios, se ha visto vulnerado gracias a la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, en colaboración con 38 medios de prensa internacionales, como The Guardian, la BBC, Le Monde o The Washington Post. El anonimato que te permiten los paraísos fiscales hace que sea difícil rastrear el flujo de dinero. Un estudio de James S. Henry, ex economista jefe de McKinsey & Company, estima que los individuos ricos tienen entre 21 a 32 billones de dólares de su riqueza escondida en paraísos fiscales, aproximadamente equivalente al tamaño de las economías de EEUU y Japón combinados.
El ICIJ ha estudiado durante 15 meses los movimientos de aproximadamente 120.000 empresas y fideicomisos extraterritoriales y 130.000 personas (entre ellas multimillonarios de Europa del Este e Indonesia, ejecutivos de empresas rusas, médicos estadounidenses y traficantes de armas), examinando 2,5 millones de archivos digitales, correos electrónicos y otros documentos secretos, fundamentalmente de las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Cook, Singapur y otros centros offshore.
“Los archivos ilustran como el secreto financiero offshore se ha extendido de forma agresiva por todo el mundo, permitiendo a los ricos evadir impuestos, estimulando la corrupción y los problemas económicos en las naciones ricas y pobres”, afirmó el ICIJ.

Por el momento sólo se ha revelado al público una parte de la investigación donde aparecen algunos nombres y apellidos de clientes de paraísos fiscales, como los de Jean-Jacques Augier, tesorero del presidente francés François Hollande durante la campaña electoral de 2012.
También figura el nombre del presidente de Azerbaiyán Ilham Alijev y miembros directos de su familia implicados en millonarios negocios inmobiliarios firmados al calor de las enormes reservas de petróleo del país. Según The Guardian, tres compañías fueron establecidas en el 2008 en nombre de las dos hijas de Aliyev, Arzu y Leyka, en las que aparece como director un rico hombre de negocios, Hassan Gozal, cuya constructora obtuvo importantes contratos en Azerbaiyán. Una cuarta empresa, creada en el 2003, tiene como propietarios al mandatario y a su esposa.
La esposa el viceprimer ministro ruso, Ígor Shuvalov y empresas controladas por el gobierno de Rusia también aparecen señalados en el informe. Otro gran descubrimiento de la ICIJ es el de María Imelda Marcos Manotoc, la hija mayor del ex presidente de Filipinas, que en la actualidad es gobernadora y es «asesora de inversiones» en una sociedad de las I. Vírgenes Británicas. Las autoridades filipinas han abierto una investigación por si entre los activos se encuentran algunos de los 5.000 millones de dólares que su padre amasó de forma corrupta.
En España de momento figura un solo nombre el de la baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza, “quien usa una compañía en las Islas Cook para comprar obras de arte en casas de subastas como Sotheby’s y Christie’s”. La investigación revela incluso la compra de un Van Gogh, ‘Molino de agua en Gennep’, a través del uso de un paraíso fiscal. Su abogado ha reconocido que ella obtiene beneficios fiscales para adquirir arte, pero insistió en que ella utiliza los paraísos fiscales principalmente porque dan “máxima flexibilidad” cuando se mueve el arte de un país a otro.
Este informe, que se seguirá publicando paulatinamente hasta el 15 de abril, coincide con el ocaso financiero de Chipre; paraíso fiscal en la Unión Europea.